El Principado estudia pagar a familias para que acojan a menores tutelados con dificultades. Andalucía y País Vasco, ya cuentan con esta modalidad. 

Los expertos recuerdan que esta apuesta es positiva y que ha obtenido excelentes resultados en otros países.

Los servicios de acogimiento familiar de las distintas CC.AA., trabajan para planificar la existencia de personas y familias acogedoras que les permita disponer de una bolsa de familias preparadas para poder ofrecer el acogimiento a los menores que tienen bajo el amparo del sistema de protección.

Para ello tradicionalmente se ha contado con un modelo de voluntariado que ha permitido y permite, contar con un número de familias determinado que provienen fundamentalmente de: conocimiento de otras personas que están acogiendo, conocimiento de la existencia de algún menor que se encuentra en una institución al cual se sienten capaces de acoger, y también de las campañas que puntualmente se realizan por parte de colectivos colaboradores del sistema público o campañas institucionales que tímidamente van prodigándose un poco más que hace unos años.

Sin embargo, las necesidades de nuestro sistema de protección –de nuestra sociedad- son múltiples y diversas, por lo que si queremos ofrecer el acogimiento a más menores del sistema, éste, no puede descansar sólo y exclusivamente sobre esta modalidad que surge de una participación ciudadana de carácter estrictamente voluntario. Así, desde los inicios del acogimiento en España, se ha mirado cómo otros países y en otros modelos se han previsto alternativas para poder obtener la participación de ciudadanos en el acogimiento, que dieran garantía a los menores del sistema y que por otra parte, permitiese poder ejercer ese compromiso a quienes se manifestaran dispuestos a afrontarlo.

Tradicionalmente en nuestro país, ha existido quizás un cierto pudor a valorar otras opciones que se salieran de esta modalidad de colaboración voluntaria, a pesar que existen evidencias, de que ciertamente en otros lugares estaba funcionando de forma positiva para el sistema y sobre todo para algunos menores que inevitablemente sin estas opciones, hubieran permanecido en centro la mayor parte de su infancia.

Es por ello que pensamos que, tal y como desde la ASEAF se planteó en la reciente comparecencia en el Senado ante la Comisión Especial del Estudio sobre la Adopción Nacional y temas afines, que el reto actual del acogimiento en nuestro país, está relacionado con una pregunta clave que se puede subdividir en muchas otras: ¿cuánto acogimiento queremos y/o podemos ofrecer a nuestros menores del sistema de protección? Seguramente que en ella va implícito ya no la negativa a valorar estas modalidades que se están ensayando en estas comunidades autónomas, sino a contemplar que ambas modalidades son compatibles, que responden a necesidades distintas y que también suponen compromisos y responsabilidades diferentes por parte de los acogedores, lo cual justifica también la diferencia de relación en la colaboración con la administración, según sean sus funciones, el perfil de los menores a acoger y las necesidades personales o familiares para llevarlas a cabo.

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